Reforma pone a iglesias en la mira del impuesto de renta
Reforma tributaria propone que las iglesias que hagan actividades comerciales paguen impuesto de renta, con ingresos que ya ascienden a billones.
Bogotá, Colombia – 1 de septiembre de 2025. Redacción, Antioquia despierta.
El gobierno presentó una ambiciosa reforma tributaria de $26,3 billones, dentro de la cual se incluye una medida que generó debate inmediato: las iglesias que desarrollen actividades comerciales deberán pagar impuesto de renta. Actualmente, más de 8.000 iglesias registradas podrían estar sujetas, según el proyecto radicado en el Congreso.
¿Qué cambios propone la reforma?
La medida establece que las confesiones religiosas deberán distinguir claramente sus ingresos, costos, gastos y patrimonio entre actividades exentas y aquellas sujetas al régimen ordinario del impuesto sobre la renta. Esta segmentación busca gravar la rentabilidad de actividades comerciales realizadas por estas entidades.
Impacto económico: billones en juego
Según estimaciones del economista Salomón Kalmanovitz, el patrimonio acumulado de las iglesias ronda los $19 billones, cerca del 2 % del PIB. En 2023, sus ingresos alcanzaron los $8,06 billones, casi el doble que en 2014. El gobierno apunta a gravar esa capacidad económica.
Un paso necesario, pero tardío
La medida podría verse como un avance en la equidad fiscal: sectores que han tenido privilegios tributarios ahora deben contribuir al sostenimiento del Estado. Sin embargo, muchos analistas y representantes religiosos argumentan que la política condiciona indebidamente la libertad de creencias a criterios económicos, replicando lógicas centralistas que terminan por confundir fe con finanzas.
Es evidente que el gobierno carece de una estrategia capaz de financiar el gasto público sin acudir a nuevos gravámenes sobre sectores que, por su carácter comunitario, tenían disputadas excepciones.
Gravar las actividades comerciales de las iglesias es una decisión sensible que busca recaudar recursos en medio de un presupuesto histórico de $557 billones en 2026. Sin embargo, el Estado debería construir arreglos fiscales más sofisticados que no pongan en jaque la autonomía de comunidades religiosas ni sigan un camino populista. Esta reforma aparece más como un parche financiero que como una política de Estado pensada, reflejando nuevamente la falta de visión estructural del gobierno en materia tributaria.
