CONGELAMIENTO MILLONARIO DEL PRESUPUESTO DE DEFENSA
Alarma institucional por recursos retenidos
Ayer, la Procuraduría y la Contraloría exigieron al Gobierno desbloquear 428 436 millones de pesos retenidos del presupuesto de Defensa. Esa cifra representa casi la mitad de los fondos destinados a las Fuerzas Armadas en 2025. El auditor Carlos Hernán Rodríguez advirtió que la medida afecta la operatividad y la respuesta ante amenazas. El congelamiento se aplicó para ajustar las cuentas fiscales. Expertos rechazan sacrificar la seguridad nacional.
Desbloqueo inicial de recursos
La Procuraduría anunció que liberará 340 000 millones de pesos como avance inicial. Esa cifra forma parte del billón requerido para garantizar el funcionamiento militar este año. Gobierno y órganos de control acordaron una mesa técnica para revisar partidas y prioridades. Sin embargo, persisten dudas sobre la fecha de entrega del resto de los recursos. Analistas advierten que la dilación podría comprometer operaciones de inteligencia y patrullaje.
Opiniones de mandos militares
Oficiales de alto rango expresaron su preocupación en círculos reservados. Aseguran que la falta de fondos limita el mantenimiento de flota aérea y terrestre. También afecta el pago de provisiones y el entrenamiento de tropas. Señalan que la seguridad en zonas fronterizas y rurales quedará expuesta. Exigen certeza sobre plazos y montos pendientes. La incertidumbre mina la moral del personal castrense.
Debate político y fiscal
El Congreso abrió un debate urgente para revisar la regla fiscal y sus excepciones para Defensa. Algunos senadores proponen un fondo especial para emergencias de seguridad. Otros advierten que cualquier exoneración fiscal debe incluir auditorías estrictas. La discusión reaviva confrontaciones entre Ejecutivo y oposición por el uso de recursos. La tensión crece en pleno año electoral.
Impacto ciudadano
La inseguridad ciudadana podría aumentar en barrios con alta criminalidad. Grupos al margen de la ley aprovecharían la brecha operativa. Comerciantes y comunidades rurales viven con temor ante el debilitamiento del Estado. ONG de derechos humanos instan a priorizar la protección civil. Mientras tanto, la agenda de defensa aguarda un pronunciamiento definitivo del Gobierno.
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