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Petro alerta: minería ilegal supera a la cocaína

Petro sostiene que la minería ilegal de oro da más recursos hoy a grupos armados que la cocaína. Críticos apuntan a discursos alarmistas sin soluciones claras.

Bogotá, Colombia – 16 de septiembre de 2025. Redacción, Antioquia despierta
El presidente Gustavo Petro generó polémica recientemente al afirmar que la economía ilícita del oro ya otorga más ingresos a los grupos armados que la producción de cocaína. Además, propuso al Banco de la República “volver a ser la autoridad monetaria que ejerce control sobre estos recursos”, sugiriendo una intervención más directa del Estado.

Lo que dijo exactamente

Críticas al discurso

Aunque la minería ilegal de oro es un problema real y urgente en Colombia, analistas y opositores critican que este tipo de declaraciones sean alarmistas y parezcan más retórica que acciones concretas.

  • No ha quedado claro cómo el Estado intervendría técnicamente para captar o regular esos recursos ilícitos sin pasar por canales corruptos.
  • Algunos sectores advierten que responsabilizar exclusivamente la minería ilegal del oro ignora otros factores de violencia y corrupción que han estado presentes durante décadas.

Relevancia política

Este mensaje de Petro se da en un contexto en el que su gobierno ha enfrentado duras críticas por falta de resultados en seguridad. Al plantear ahora que el oro ilícito ya genera más recursos que la cocaína, busca situar a su administración como reaccionando ante amenazas nuevas, pero también se abre la pregunta de si esto es parte de su estrategia para justificar intervenciones estatales más amplias en minería, regulación económica y control institucional.

El trino de Petro sobre el oro ilegal y su financiación a grupos armados vuelve a encender el debate sobre narrativas de seguridad. Aunque el problema existe, su planteamiento carece aún de claridad operativa. En lugar de generar respuestas, estos discursos pueden alimentar el miedo o justificar políticas intervencionistas sin mecanismos efectivos de seguimiento. El país espera más que acusaciones: exige soluciones confirmadas.

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